El año 2007, nos abandonó con una polémica sobre el canon por copia privada, mal denominado «canon digital», creándose una alarma social y política, digna de estudiar sociológicamente, en contra de esta compensación.
El debate se centró en la copia privada de música o películas, pero también existe la copia privada de libros y revistas. Y de esta segunda categoría de copias no se habló ni mucho ni bien.
Día sí, otro también, tanto en el ámbito doméstico como en los centros de trabajo se hacen fotocopias, se «escanean» páginas, se copian textos digitalizados en CD, DVD, lápices digitales y otros dispositivos, se suben dichos materiales a webs, portales o blogs de internet, o se sacan -bien de los dispositivos o de internet- copias en papel mediante impresoras. Y una buena parte de ese material reproducido corresponde a libros y revistas.
Es necesario recordar a la sociedad en general y a los políticos en particular que la compensación equitativa por copia privada no es un invento español. Es un derecho reconocido en el ámbito jurídico internacional y europeo.
Es el artículo 25.1 de la vigente ley de Propiedad Intelectual el introductor en nuestra legislación del derecho en favor de los autores, los editores, los productores de fonogramas y videogramas, los artistas intérpretes y los artistas ejecutantes a ser compensados por el derecho a la copia privada que pueden realizar los usuarios.
Desde entonces los aparatos, equipos y soportes idóneos para realizar esas copias privadas quedaron gravados con un canon para compensar a los titulares de derechos perjudicados por esas reproducciones. Y la natural evolución tecnológica ha provocado la necesidad de extender el derecho de reproducción privada que se hace por medios digitales para acomodarse a los nuevos tiempos.
A esas voces contrarias al canon habría que recordarles las corrientes de análisis económico desarrolladas a partir de la obra del premio Nobel Gary Becker. Este experto, nada sospechoso políticamente y liberal riguroso de pro, ofrece el argumento económico que relaciona sanciones y probabilidades de detección de las infracciones. Y a su trabajo «Crime and punishment» (título similar a la obra de Fiodor Dostoievski) me remito para que se puedan ilustrar convenientemente antes de efectuar razonamientos más que discutibles. Cuando la Administración es incapaz de proteger convenientemente un bien jurídico que se ve atacado o agredido, en muchos casos es esta misma Administración la responsable civil subsidiaria que hará frente al perjuicio ocasionado con indemnizaciones que salen del dinero de todos los que contribuimos con nuestros impuestos. Y nadie se cuestiona dichas indemnizaciones porque tenemos muy claro cuál es el derecho violado o atacado y quién debe garantizar la protección del mismo. Es decir, que, aunque nosotros como ciudadanos no hayamos provocado el mal, asumimos el coste derivado del mismo. Un derecho tan sagrado como la propiedad intelectual en particular ¿no debería tener ese reconocimiento cuando es atacado y no se puede proteger?
Se podría argumentar, como hacen algunos, que esa protección sólo debería ser «ex post», no «ex ante», es decir, una vez que ha sobrevenido el menoscabo al derecho de propiedad intelectual y no antes de que se pueda producir el acto que ataque dicho derecho. Porque hacerlo así, dicen, criminalizaría al consumidor o usuario.
¿Criminaliza al cazador el que haga un test psicológico previo para tener una licencia de armas? ¿Criminaliza al conductor un control aleatorio de alcoholemia viéndose legalmente obligado a aportar pruebas contra sí mismo en caso de que supere cierto límite? ¿Por qué la factura del agua lleva un canon de saneamiento cuando no se llevan regularmente a cabo obras de mejora y saneamiento de la red? Quien paga el céntimo sanitario al llenar el tanque de gasolina o gasóleo ¿se presume que tiene forzosamente que hacer uso de la sanidad pública?, ¿no paga dos veces, una en la factura de la gasolinera y otra en su nómina con las cotizaciones sociales que deberían cubrir todos los aspectos del Estado del bienestar? Es más, llegados a este punto, ¿por qué un sujeto que no hace ni piensa hacer uso de la sanidad pública la tiene que financiar para que otros se beneficien de ella? Y ¡ojo!, quien dice sanidad, dice educación, dice pensiones, dice subsidios de desempleoÉ ¡Pueden decirse tantas cosas! La clave de las respuestas a estas preguntas está en los principios que rigen nuestro sector público y a los que remito a quienes o los olvidaron o los desconocen: capacidad de pago, equidad vertical y horizontal, solidaridad entre generaciones, entre regiones, entre clases sociales, etcétera. Anatematicemos menos y estudiemos más.
De momento, no existe mecanismo alguno que impida escanear unas páginas de un libro y que controle posteriormente la grabación en un CD o una memoria USB del archivo digital resultante o su impresión. De ahí que el sistema para compensar a los autores esté fundado en un canon sobre los aparatos, equipos y soportes que permiten hacer las copias -canon cuyo pago corresponde por ley a los fabricantes, distribuidores e importadores de tales dispositivos-. Que el canon se traslade vía precios al consumidor de dichos dispositivos es una posibilidad o recurso del que hacen uso tales fabricantes y nos afecta a todos, incluidos autores y editores, que también hacemos un uso intensivo y extensivo de las nuevas tecnologías y medios de reproducción. Quienes editan y escriben hacen uso de ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, CD, DVD, memorias USB, etcétera.
¿Cabe imaginar el perjuicio que supondría para consumidores y fabricantes que no fuera legal copiar con fines privados obras protegidas? ¿Qué pasaría si fuese posible un control tal que bloquease todo intento de copia ilegal? O mejor, ¿qué pasaría si los creadores del patrimonio cultural escrito hiciesen lo que hacen estos días los guionistas norteamericanos? ¿Negamos el pan y la sal a quien pretende hacer de la creación intelectual algo más que un entretenimiento, una verdadera profesión? ¿Qué le hubiera pasado a la civilización si los mejores científicos patentaran sus teorías y se tuviese que pagar, por ejemplo, para acceder particularmente a las copias de sus creaciones, estudios, ensayos o investigaciones más allá de la publicación editorial al uso? Se ralentizaría el progreso o se frenaría en el peor de los casos.
El hecho de que la copia privada sea posible según la ley -y de que, lógicamente, se compense por ella a los autores- beneficia directamente a éstos, que cuentan así con un sistema de remuneración por un determinado uso de sus obras, pero sin duda para quien resulta beneficioso es para los ciudadanos en general, quienes gracias a esta figura jurídica pueden copiar obras para su uso privado, e incluso para la industria que produce los aparatos y soportes de copiado, ya que las ventas de sus productos se ven impulsadas por la posibilidad de reproducir legalmente con ellas obras de creación. Desaparece así la necesidad de golpear con el Código Penal en la cabeza de quienes acceden a copias privadas ilícitas socializando el perjuicio precisamente por la extensión del hábito entre la ciudadanía. Habrá, sí, «castellanos viejos» que nunca hayan pecado, pero también hay en la sociedad quien nunca hizo uso de la educación pública y la financia o quien nunca hizo uso del subsidio de desempleo y lo financia, ¿seguimos con más ejemplos o nos irá quedando claro a todos? Proteger e incentivar el desarrollo de la sociedad de la información no consiste sólo en impulsar la extensión de los dispositivos y de las conexiones informáticas, sino también en proteger y alentar la creación de nuevos contenidos, buena parte de los cuales son obras de creación protegidas por el derecho de autor. La compensación por copia privada cumple este cometido, y al hacerlo se convierte en un firme impulso a la sociedad de la información en nuestro país. Si no fuera posible legalmente copiar obras protegidas con los aparatos y soportes propios de la sociedad de la información, ¿se habría extendido tan extraordinariamente su uso y habrían experimentado tan intenso desarrollo las empresas que se dedican a fabricarlos y venderlos?
La eliminación del «canon» supondría:
  1. La usurpación de un derecho legítimo consagrado por la práctica totalidad de las legislaciones europeas.
  2. Una amenaza para la industria cultural española que genera los contenidos necesarios para el desarrollo y la identidad cultural de nuestra sociedad y que aporta el 4 por ciento del PIB.
  3. Un freno a la investigación y desarrollo en universidades y centros de investigación. Y precisamente en España no andamos sobrados de estas funciones.
  4. Un freno al desarrollo de sectores económicos -al margen del editorial- que dependan críticamente de la función de investigación y desarrollo.
  5. Un freno a la implantación y desarrollo de la sociedad de la información en España.
  6. La necesidad de criminalizar, Código Penal en mano, situaciones para las que podría alcanzarse un solución razonable por medio de este mecanismo de acuerdo o consenso que es el canon.
Señalaba Vicente Molina Foix en «El País» que el canon, entre otras cosas, está pensado para que el nivel de formación y expresión del ciudadano medio no decaiga más. Y yo añadiría que quien ataca el canon manifiesta un desprecio por quienes levantan el edificio del patrimonio cultural a favor de todos a cambio de muy poco. Son otras las cosas que nos salen más caras. Por ejemplo, la ignorancia.
Marta Magadán es presidenta del Gremio de Editores de Asturias.
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